Escribe Walter Ernesto Celina
El Director del programa oficial sobre discapacidad, Dr. Alberto Dellagatta, se ha referido en medios capitalinos y en algunos del interior, como en el caso del Diario “ACCIÓN” de la ciudad de Mercedes, del 24 próximo pasado, a los orígenes de la legislación de amparo ocupacional para personas con capacidades físicas no plenas.
Por lo que advierto, el director ha insistido en ubicar el nacimiento de las normas respectivas en la Ley Nº 16.095, de octubre de 1989, señalando que el Artº. 42 “fue el más reclamado...” por ser el de “inclusión laboral en los organismos públicos, al destinar el 4% de las vacantes...” que “empezó a cumplirse en 2005, nunca antes”.
Es posible que el director esté enterado de una parte del asunto y no de todo. Así las cosas, incurre en una omisión involuntaria por lo que no sabe. Si lo conociera, lo que no supongo, estaría contando la historia por la mitad.
¿Por qué?
La afectación de cargos vacantes en la Administración fue dispuesta originalmente para personas con discapacidades por la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, en su Artº 661.
Comenzó a hacerse efectiva poco después, tras su reglamentación.
La gestación ocurrió en el período democrático.
La iniciativa fue suscrita por Rodney Arismendi en la Cámara de Representantes, sobre un texto y exposición de motivos que me cupo el honor de redactar a su pedido, en solución acordada con miembros de la Organización Nacional Pro Laboral de Lisiados, ONPLI.
En un esfuerzo pocas veces visto un grupo de 20 a 30 jóvenes de ambos sexos, subían las escaleras del Palacio Legislativo para llegar al Salón de los Pasos Perdidos, a gestionar sus derechos.
La norma -que por primera vez reservó vacantes para ciudadanos con desventajas- fue tomada del proyecto radicado en Diputados, por el Senador A. Francisco Rodríguez Camusso.
El legislador, flamante senador frenteamplista, había sido Ministro de Salud Pública militando en el Partido Nacional y, valido de su autoridad, presentó la moción correspondiente en la Comisión de Presupuesto, integrada con la de Hacienda, obteniendo una aprobación sobre tablas.
Poco después, la previsión se hacía ley en el marco de las regulaciones de un presupuesto nacional.
¿Por qué?
La afectación de cargos vacantes en la Administración fue dispuesta originalmente para personas con discapacidades por la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, en su Artº 661.
Comenzó a hacerse efectiva poco después, tras su reglamentación.
La gestación ocurrió en el período democrático.
La iniciativa fue suscrita por Rodney Arismendi en la Cámara de Representantes, sobre un texto y exposición de motivos que me cupo el honor de redactar a su pedido, en solución acordada con miembros de la Organización Nacional Pro Laboral de Lisiados, ONPLI.
En un esfuerzo pocas veces visto un grupo de 20 a 30 jóvenes de ambos sexos, subían las escaleras del Palacio Legislativo para llegar al Salón de los Pasos Perdidos, a gestionar sus derechos.
La norma -que por primera vez reservó vacantes para ciudadanos con desventajas- fue tomada del proyecto radicado en Diputados, por el Senador A. Francisco Rodríguez Camusso.
El legislador, flamante senador frenteamplista, había sido Ministro de Salud Pública militando en el Partido Nacional y, valido de su autoridad, presentó la moción correspondiente en la Comisión de Presupuesto, integrada con la de Hacienda, obteniendo una aprobación sobre tablas.
Poco después, la previsión se hacía ley en el marco de las regulaciones de un presupuesto nacional.
Como Secretario de Bancada fui nexo en la labor de las dos personalidades de la izquierda, que venían de fundar el Frente Amplio y consolidar una alianza programático-electoral.
En la noche veraniega en que el Senado selló la voluminosa ley presupuestal, aquellos jóvenes quisieron aguardarme en el Bar Alcalá, a una cuadra del Palacio Legislativo, para celebrar con un refresco, el formidable éxito que habían obtenido.
Luego, muchos empezaron a ingresar a la Administración Central. La ciudadanía crecía. Había una pugna por los derechos populares.
También, poco después, la lucha por la democracia fundaba la resistencia al régimen ominoso del 27 junio de 1973, que conculcó aquel Parlamento, pisoteó las libertades esenciales y colocó un cerco de púas al país.-
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