domingo, 14 de abril de 2013

AGUAS Y POLÍTICAS TURBIAS


Escribe Walter Ernesto Celina
14.04.2013
El Uruguay factoría va enterrando a pasos agigantados al bucólico Uruguay natural.
El país de puertas abiertas y gendarmería dormida, que cambia concesiones jugosas por empleos temporales, tiene bastante que ver con los canjes de espejitos. Y con la retrogradación en funciones esenciales de un Estado que no aprecia las virtudes de la soberanía.
La reciente iniciación de un expediente judicial ilustra acerca de la peligrosísima contaminación del recurso agua.
La dramaticidad del problema muestra la pata de palo del oficialismo frenteamplista.
El Juzgado Letrado de 1ra. Instancia en lo Civil de turno recibió el pedido de una “medida preparatoria, previa a deducir una eventual pretensión de protección del medio ambiente y de ordenamiento ambiental del territorio.”
La pregunta que surge es la de quiénes han sido ubicados en la primera línea del requerimiento. La acción se ha promovido -desde la Fiscalía Civil de 3er. Turno- contra el Estado y se endereza al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Un aparato que financia ilusiones y poco construye; que ordena papeles y que se ocupa de lo ambiental desde el pelotón de los rezagados, con las dificultades de visión de un tuerto.

AGUA POTABLE Y MATRIZ PRODUCTIVA
La exposición comienza con el planteo de una circunstancia fáctica muy clara: Los habitantes de la República están perdiendo la posibilidad de acceso al agua potable suministrada por el Estado, y, pese a estar obligado por la Constitución de la República, desde el Estado no se estarían adoptando todas aquellas medidas preventivas y precautorias para que tal catastrófico daño no acontezca.
Sucede que, a partir de los significativos impactos ambientales ocasionados por el llamado “cambio de la matriz productiva del país”, -tal cual ha sido reconocido por las  propias autoridades del Servicio Descentralizado Obras Sanitarias del Estado OSE-, la calidad de los recursos hídricos del país se encuentra seriamente afectada, y, con ello, queda cuestionado el suministro de agua potable a las poblaciones.
Se le llama “cambio de la matriz productiva de país” al manifiesto impulso que, desde hace algunos años, el mismo Estado viene dando a la instalación en el territorio nacional de diversas inversiones extranjeras como son la forestación, la industria de la celulosa, la agricultura de transgénicos, la mega-minería de hierro y oro a cielo abierto, el fracking, etc.. Todas estas actividades tienen un denominador común: ocasionan significativos impactos negativos sobre el agua, es decir, consuman un pesado pasivo ambiental respecto de un recurso natural esencial para la vida.
Y así lo vienen demostrando repetidos episodios vinculados a la contaminación por la presencia de bacterias tóxicas (cianobacterias) en las aguas del Río Santa Lucía. No son los únicos casos. Lo mismo está ocurriendo con relación a las aguas de los Ríos Uruguay y Negro y de otros tantos recursos hídricos. Se reiteran cada vez con mayor frecuencia e intensidad.

FACTORES E IMPACTO DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL
Luego de apoyarse en la opinión científica de distinguidos profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, recuerda la admisión por integrantes del gobierno de los efectos negativos para la salud humana de las algas tóxicas.
Sostiene que la degradación ambiental acontece, asimismo, por otros factores, mencionando el aporte a los cursos de agua de residuos cloacales, domiciliarios e industriales.
El 60% de la población del Uruguay se abastece con el agua suministrada por OSE desde el Río Santa Lucía. La potencial aparición y expansión de las cianobacterias es un asunto sanitario de honda repercusión social y cuestión que dispara el debate.
Los cultivos transgénicos, anota el alegato, rodean la Laguna del Cisne (situada entre las Rutas 8, 11, 87 y 34). De esta fuente OSE toma, para la Usina de Salinas, el líquido que provee a gran parte de la Costa de Oro, en Canelones.

LA OMISIÓN Y EL DEBER
Ante contingencias relevantes como las anotadas, el letrado indaga sobre “qué actuaciones administrativas y qué medidas tuitivas, preventivas y precautorias ha venido adoptando el Ministerio de Estado, encargado directamente de la protección ambiental, de la protección del agua y de los recursos hídricos y del ordenamiento ambiental del territorio: el MVOTMA. Recuerda que “el acceso al agua potable es un derecho humano”, anotando en otro párrafo, que su  pérdida o menoscabo “perjudica principalmente a la población más humilde, cuya vida y salud dependen de “beber el agua de la canilla”, que es suministrada con exclusividad desde el propio Estado.”
Ignorándose qué haya hecho el Ministerio del largo nombre y si está ejerciendo sus cometidos funcionales, a los que está jurídicamente obligado, inquiere acerca de si dispuso “los respectivos estudios y evaluaciones de impactos ambientales, ordenamientos ambientales del territorio, planificaciones y deberes territoriales, áreas de protección de las cuencas hidrográficas, restricciones, prohibiciones, suspensiones, inhibiciones o prioridades de uso del agua por regiones, medidas cautelares, etc., todo para el correspondiente cuidado de las fuentes hídricas desde las cuales el propio Estado se aprovisiona para el suministro de agua potable a los habitantes de la República.”
Luego, produce un acopio de documentación y detalla las normas de distinto rango que concurren a fundamentar el accionamiento, sin excluir aspectos coadyuvantes de la doctrina aplicable.
La Fiscalía Civil de 3er. Turno, ajustándose una vez más a su competencia, asume la defensa precautoria del interés público.
Obviamente esta voz, que como la de otros Fiscales levanta bisbiseos palaciegos, asume una tradición uruguaya muy honrosa: la de manifestarse sin tutela, sin miedo y con independencia de los factores de gobierno.
Es que los cargos públicos -cualquiera ellos sean- deben ser de honor y empeño por la República, como lo exigiera José Artigas.-