He analizado el enunciado de propósito que lo encabeza, el alcance reducido de su ámbito y confusiones diversas que hacen a la noción de funcionario público de carrera, en la estructura del presupuesto por programa que delinea la Constitución.
El “rediseño” que se anuncia de la carrera administrativa muestra más, de lo mismo…
Cuando se sostiene que serán sustituidas “las viejas estructuras escalafonarias y de grados”, las preguntas subsiguientes pueden ser cómo, de qué manera, con qué instrumentos. El apunte precario subraya, en negrita, que se adoptaría una “concepción más dinámica de grupos ocupacionales y clarificación de los distintos niveles de responsabilidad”, soslayando “el ascenso casi automático de grado a grado”.
Cabe decir que las normas vigentes disponen los avances jerárquicos por antigüedad calificada. Esta debe atender grado, antigüedad real y calificación, dada por el jerarca del servicio, a través de comisiones que incluyen delegados del personal. En determinados casos, los ascensos se efectúan por concursos, no sólo para cargos técnicos, sino para administrativos. No es que no exista un sistema. Necesario puede ser profundizarlo, así como potenciar la clasificación de los cargos.
El texto divulgado no esclarece en qué consistirían los cambios, ni cómo sería una “nueva escala salarial”. ¡Vaya el detalle!
De lo impreciso se va a lo ampuloso: “Se implementará el Ingreso Democrático al Estado (IDE) a través de un portal electrónico”, o sea la “ventanilla única”, enunciado con cara lavada, de algo pedido por el Sr. Mujica. Sin embargo, saltimbanquis y ovejitas, pasan por entre las piernas del señor presidente.
Los locuaces redactores resuelven, seguidamente, inventar la pólvora. Escriben con fruición de copistas egipcios: “La Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) cumplirá un rol fundamental en este nuevo diseño y se le conferirá el “empoderamiento” (vocablo arcaico, en desuso.) jurídico necesario e imprescindible (¡ni que faltara más!) para realizar el control y gestión global de los Recursos Humanos del Estado.” (Aplausos).
Estimados señores, jurisconsultos marcianos: la Oficina del Servicio Civil fue estatuida por la Reforma Naranja de 1966, fue liquidada su ley por la dictadura y, reinstalada al recuperarse la institucionalidad. Bastaría hojear la Constitución y detenerse en su Artº 60, apreciar su alcance y objetivo.
Parece que al gobierno de Tabaré Vázquez no le alcanzaron 5 años para reordenar un poco las cosas.
Por tal razón, nuestros exploradores tentarán la “simplificación de los vínculos laborales con el estado”.
Árdua tarea. En el período 31.12.2004-31.12.2009 el total de cargos y funciones públicas, saltó de 229.454 a 248.157. En esta masa revistan presupuestados, contratados permanentes, zafrales, eventuales y otras modalidades. En el mismo tiempo, otros funcionarios, denominados becarios, pasantes, con arrendamientos de obra, arrendamientos de servicios, contratos a término y otras yerbas, aumentaron de 12.271 a 16.800.
Lo demás del boceto oficialista es lo de menos. Le darán un estatuto a los funcionarios políticos y de particular confianza, pero no reducirán su número, ni establecerán las condiciones de competencia. Seguirán siendo nombrados a dedo.
Habría más para marcar. Pero, para tener una idea de por dónde van las cosas, esto alcanza.
La montaña parió un ratón. ¡Sí, un minerito!
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