Escribe Walter Ernesto Celina
Tengo grabado a fuego lo que significó la dictadura cívico-militar que se inició el 27 de junio de 1973, con el decreto de arrasamiento de las instituciones democráticas, firmado por Juan María Bordaberry (padre del actual candidato presidencial del Partido Colorado).
Ese día quedó formalizado el período más tenebroso (en el sentido de tétrico o sombrío) del Uruguay del siglo XX.
En rigor, el descaecimiento institucional se había iniciado durante “el pachecato”, período político en que Jorge Pacheco Areco, sucedió al fallecido Gral. Oscar Gestido. Pacheco fue un gris parlamentario que, al tropezar con el sillón presidencial, gobernó en lo político con la mayoría del Partido Colorado (Jorge Batlle y Julio Ma. Sanguinetti) y el sustento de la Alianza, sector ultraconservador del Partido Nacional -apodado el de los “blancos baratos”-, encabezado por Martín R. Etchegoyen.
Un gabinete de derecha facilitó la ingerencia de agentes desestabilizadores de Estados Unidos, los que ejercieron preponderante influencia en el seno de las fuerzas armadas y policiales y, por supuesto, entre gente de gobierno y parlamentarios. El golpismo se cocinó a fuego lento y sostenido.
Las torturas policiales y las primeras muertes en cuarteles, así como las prisiones masivas indebidas -por el artilugio de aplicar “medidas prontas de seguridad”-, desfiguraron el rostro del país. La democracia crujía.
El senador batllista Amílcar Vasconcellos promovió una Comisión Investigadora en la que la práctica de las torturas fue documentada. (Dispongo del voluminoso texto de los debates.)
Después, vino lo que vino. Los militares ejercían, inmisericordes, los tormentos sobre los ciudadanos integrados al index de la seguridad nacional. Asesinatos y desapariciones.
Ninguno de los ejecutores se ha confesado. Y, por efecto de la ley de impunidad, han escapado al dictamen de la justicia institucional.
Un gabinete de derecha facilitó la ingerencia de agentes desestabilizadores de Estados Unidos, los que ejercieron preponderante influencia en el seno de las fuerzas armadas y policiales y, por supuesto, entre gente de gobierno y parlamentarios. El golpismo se cocinó a fuego lento y sostenido.
Las torturas policiales y las primeras muertes en cuarteles, así como las prisiones masivas indebidas -por el artilugio de aplicar “medidas prontas de seguridad”-, desfiguraron el rostro del país. La democracia crujía.
El senador batllista Amílcar Vasconcellos promovió una Comisión Investigadora en la que la práctica de las torturas fue documentada. (Dispongo del voluminoso texto de los debates.)
Después, vino lo que vino. Los militares ejercían, inmisericordes, los tormentos sobre los ciudadanos integrados al index de la seguridad nacional. Asesinatos y desapariciones.
Ninguno de los ejecutores se ha confesado. Y, por efecto de la ley de impunidad, han escapado al dictamen de la justicia institucional.
Votar por la anulación de la citada ley -introduciendo en el sobre, en el acto electoral del próximo 25, la papeleta rosada-, abrirá los tribunales para criminales sueltos y cómplices en actos de terrorismo de estado.
EE.UU., implicado en el Plan Cóndor, de coordinación de las dictaduras sureñas, ha vuelto a desclasificar documentos.
La edición de Montevideo Portal, del 17.09.2009, bajo el título “Así fue”, tomando fuentes de prensa locales, precisó varios aspectos, a saber:
1.- “El Departamento de Estado de Estados Unidos desclasificó un nuevo documento que confirma la existencia de los escuadrones de la muerte.”
2.- “En 1972, la Embajada Estadounidense en nuestro país envió el documento al Departamento de Estado, bajo el rótulo "Muerte de Terroristas". Allí considera las muertse de Abel Ayala, Héctor Castagnetto, Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez, como obra de los "Escuadrones de la Muerte."
3.- “Refiriéndose a las bajas ocurridas entre 1966 y 1972, "por lo menos cuarenta y cuatro terroristas uruguayos fueron asesinados en combates con las fuerzas de seguridad.”
4.- “Los cuatro casos señalados están incluidos como "víctimas del contraterrorismo", nombre asignado a la política oficial de "Escuadrones de la Muerte" encubiertos, una calificación surgida en los manuales de contrainsurgencia.”
EE.UU., implicado en el Plan Cóndor, de coordinación de las dictaduras sureñas, ha vuelto a desclasificar documentos.
La edición de Montevideo Portal, del 17.09.2009, bajo el título “Así fue”, tomando fuentes de prensa locales, precisó varios aspectos, a saber:
1.- “El Departamento de Estado de Estados Unidos desclasificó un nuevo documento que confirma la existencia de los escuadrones de la muerte.”
2.- “En 1972, la Embajada Estadounidense en nuestro país envió el documento al Departamento de Estado, bajo el rótulo "Muerte de Terroristas". Allí considera las muertse de Abel Ayala, Héctor Castagnetto, Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez, como obra de los "Escuadrones de la Muerte."
3.- “Refiriéndose a las bajas ocurridas entre 1966 y 1972, "por lo menos cuarenta y cuatro terroristas uruguayos fueron asesinados en combates con las fuerzas de seguridad.”
4.- “Los cuatro casos señalados están incluidos como "víctimas del contraterrorismo", nombre asignado a la política oficial de "Escuadrones de la Muerte" encubiertos, una calificación surgida en los manuales de contrainsurgencia.”
El voto por el SI es un voto ético y un tributo ciudadano a la justicia y a la libertad.
13.10.2009
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