sábado, 13 de septiembre de 2008

DE LOS ENGORDES DEL ESTADO Y LA FLACA MEMORIA

Escribe Walter Ernesto Celina


La extensión del título hará sospechar al lector que se trata, poco menos, que de una novela. Y no lo es, aunque se parezca a una historia tragi-cómica.

El Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez es un jurista experimentado y un político informado. Supo ser negociador desafortunado con las Fuerzas Armadas en los Encuentros del Parque Hotel, al expirar la última dictadura. Luego, Vicepresidente de la República. Además de amante al turf, los buenos copetines y el gardelismo, es columnista del diario “El País”. Allí quema buena parte de su pólvora, sea contra los gobiernos argentinos de los esposos Kirshner, los desaciertos que descubre en la administración Vázquez o asumiendo la defensa, como hace muy poco, de un grupo de militares angustiados por la aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas...

Dejando de lado algunos improperios que rebajan su figura magistral, este hombre leguleyo se queja de los casi 500 artículos embolsados en el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas que saliera de la Cámara de Representantes rumbo al Senado, desde donde -ahora- acaba de emigrar para su ratificación en la cámara de origen.

Hombre de proverbial memoria, acierta cuando recuerda la voracidad olímpica de gobernantes blancos y colorados para crear y distribuir cargos y la implacable crítica con que reaccionaban los sectores de izquierda. “En parte -admite- la crítica era fundada.”
¿Lo sería?
Bastaría recordar sólo un caso, entre miles. Era Ministro de Obras Públicas el Dr. Héctor Grauert. Infló de modo desmesurado las planillas del personal eventual al punto que, como “peonas”, ingresaron en legión mujeres a las oficinas administrativas. Una bituminización, sui géneris, política y partidista.
Hace acuerdo de la reforma constitucional de 1951, que estatuyó los “cargos políticos y de particular confianza”. No cita que el reparto del “3 y 2” en los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Suprema Corte de Justicia, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, etc., racionaba en esa proporción no ya los puestos, sino también, teléfonos, expedientes jubilatorios y, hasta el 2005, publicidad oficial para “medios amigos”, bolsas de cemento portland y otras yerbas!
Entre dos -él y este modesto ciudadano- parecería que el ejercicio mnemotécnico es más divertido. Lo que alguien olvida, en efecto, otro lo puede recordar.

En las notas “Cargos de desconfianza” y “Cargos y más cargos” (“El País” 19 y 26 de agosto de 2008) el comentarista aborda las creaciones y asignaciones de recursos que se efectúan en Presidencia de la República y Secretarías de Estado para generar puestos y funciones contratadas. De seguro, con más erudición y noticias que las que dispongo, otros analistas podrán ratificar o rectificar lo que sostiene el Dr. Aguirre Ramírez. Después de todo, con “sabios cuenta la santa madre iglesia”, como para clarificar lo que se pueda.

El jurista recuerda el valor de la carrera administrativa en el Estado y aprecia que los cargos de particular confianza la desvirtúan. Anota que el Dr. Juan Andrés Ramírez, desde el diario “El Plata”, advirtió en 1960, sobre este flagelo en que los nombramientos jerárquicos “a dedo” trastocan la profesionalidad de la función pública.

Debo traer a colación que los primeros cargos de confianza -de desconfianza los llama- se crearon en el Presupuesto del Salón Verde, en el Senado, durante el primer gobierno del Partido Nacional. Sí, es cierto, que por ese entonces era un puñadito irrelevante. ¿Alguien podrá decir a cuántos ascienden ahora?
Rememora una ley de 1990 que prohibió llenar vacantes (con excepciones) y admite que los sistemas de becas y pasantías también afectaron la carrera administrativa. Omite, sin embargo, el escándalo de las contratos de obra y, por supuesto, las copiosas designaciones que se hacían en la Comisión Administrativa del Poder Legislativo cuando él fuera presidente del Senado. Y el trascendido, en oportunidad de la candidatura del Prof. Dr. J. A. Ramírez -su pariente-, de un programado reparto de 3.000 cargos de la administración, para el caso que aquel resultara electo. La paternidad de la eventual distribución se le atribuyó a él.

En los engordes del Estado y en el embadurnamiento de caras y manos con el chantilly presupuestario, hay muchos. Olvidadizos, como el ilustrado abogado, más de uno.

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