Escribe Walter Ernesto Celina
La recuperación democrática uruguaya costó sangre, sudor y lágrimas y, tras uno de los capítulos más aciagos de la historia nacional, pesa una herencia deformadora de la que el país tarda en recuperarse.
Crímenes repugnantes están para esclarecerse. ¿Se desentrañarán? ¿Se conocerán a sus autores? ¿Qué punición tendrán?
Un tiempo de impunidad, de varias décadas, ha ido transcurriendo y continúa quemando años, como para perfeccionar un infamante olvido.
Sentenció Artigas que es muy veleidosa la probidad de los hombres. ¡Y vaya si lo será! Para ello se crearon las vallas constitucionales en el Estado Republicano, las que se refuerzan con la historia escrita por el mismo pueblo, artífice, cultor y sostén de las garantías para las libertades públicas.
En el Uruguay moderno, Brum y Grauert rindieron su tributo y, más acá, en un escenario reciente, mártires, desaparecidos, torturados y confinados en cárceles, exiliados y uruguayos que no emigramos, sorteamos -cada cual en su medida- los avatares de un período cruel, en que la fuerza bruta colmó desde el Estado todas las medidas imaginables, generando un poder policíaco-militar sórdido, tenebroso.
¿Alguien puede ser tan flaco de memoria, o tan hipócrita, como para no valorar, como corresponde, una era ignominiosa y soslayar la aterradora experiencia vivida?
Si el pachequismo (con el apoyo del resto del coloradismo y del etchegoyenismo nacionalista), gobernó a la sombra del régimen excepcional de medidas prontas de seguridad, torturando, encarcelando y persiguiendo ciudadanos, instalada la dictadura cívico-militar con Bordaberry, muertos el Poder Judicial y el Parlamento, se pasó a vivir en el reino de las Fuerzas Conjuntas, es decir, bajo el imperio del garrote cesarista.
La Constitución ya no existía. Había sido puesta de costado, de modo progresivo, primero. En forma desembozada, después.
Todo gobernante debe de saber que la Constitución obliga a que se la acate y que toda ley, partiendo de su iniciativa o proyecto, debe ser considerada inviable, en cuanto la ataque.
Con referencia a la ley en ciernes, sobre Procedimiento Policial, si en el inicio Poder Ejecutivo y, luego y por su orden, la Cámara de Senadores y la de Diputados, han estado contestes en desconocer la Constitución en su Artº 11, arrasando el concepto de inviolabilidad del domicilio, hay una doble conclusión inmediata. La primera, es que para nada les ha servido la mejor tradición constitucional republicana y, luego, que la historia reciente (sobre la que tanto se hablara) tampoco ha contado. Desde el olimpo oficialista se le ha dado vuelta la espalda.
Tal la conclusión que se desprende del aberrante Proyecto de Ley de Procedimiento Policial, a punto de ser sancionado por la Cámara Alta.
Porque, fuera de su inconstitucionalidad manifiesta, lo que se arrasa no es poco, aún para el más incipiente lector de la Carta Magna: Artª 11. El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.
La materia debe ser profundizada para conocer los detalles de un acto político que implica un renunciamiento democrático y el abandono de principios, que se suponían irrenunciables en ciertos ámbitos.
Como queda visto, el poder chamusca hombres e ideas.
En el siguiente análisis, la lupa se detendrá para observar algunos de los efectos del nefasto proyecto. Un verdadero engendro.
Como queda visto, el poder chamusca hombres e ideas.
En el siguiente análisis, la lupa se detendrá para observar algunos de los efectos del nefasto proyecto. Un verdadero engendro.
waltercelina1@hotmail.com
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