Escribe Walter Ernesto Celina
Se encuentra en el Senado, a punto de ser convertido en ley, el denominado Proyecto de Procedimiento Policial.
Trátase de una iniciativa formulada por el Poder Ejecutivo, con una sanción primaria del Senado, y una segunda -con modificaciones-, de la Cámara de Representantes, que la ha vuelto a la Cámara Alta.
No vacilo en calificar este instrumento para la acción policial como un gravísimo traspié del gobierno que encabeza el Dr. Tabaré Vázquez.
Es inconstitucional por su forma y antidemocrático por su contenido.
Hace descaecer garantías fundamentales, salvaguardadas por la Constitución Nacional desde 1830, referentes a la seguridad personal y a la intimidad.
Conviene recordar el texto preciso e incontrovertible del Artº 11 de la Carta Magna vigente, que transcribo, desagrego y subrayo, para que se observe su alcance, parte por parte:
-El hogar es un sagrado inviolable.
-De noche nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su jefe,
-y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los
casos determinados por la ley.
Contraviniendo los precedentes enunciados, el proyecto barre cada uno de los preceptos.
Más: Autoriza el arresto de personas no sospechosas que no dieren datos identificatorios suficientes, o sobre los que el agente pueda estimar que no sean ciertos. Ello determinará sean conducidas (detenidas), con posterior comunicación al juez. Se impone el deber de obediencia a los funcionarios policiales, a quienes se les concede la potestad de hacer uso de la fuerza cuando no puedan inmovilizar o detener vehículos, estén vestidos con uniforme, o de particular debidamente identificados... Se estatuye la incomunicación de testigos y víctimas, en las operaciones de detención previa.
Para todo esto se reviven normas derogadas, correspondientes al decreto 690/980, de la dictadura y se contravienen numerosas normas de rango constitucional, de los Códigos Penal, del Proceso Penal y de la Niñez y Adolescencia. Se choca con la Declaración Universal de los DD. HH. y con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
No sólo es un adefesio jurídico, sino un arma letal contra los derechos del ciudadano y un resorte para la extralimitación del poder coercitivo. Con razón, es una materia que los especialistas, en los ámbitos de la academia y del foro, analizan con inocultable acidez crítica.
Desde un ángulo político general, puede sostenerse, sin lugar a dudas, que esta legislación -a punto de plasmarse- supone un ataque a las libertades y a un derecho fundamental que hace a la intimidad del hogar.
Según quedó establecido en la exposición de motivos del Poder Ejecutivo, el articulado tuvo su origen en un grupo de trabajo integrado por policías de distinto grado, profesionales de diferentes especializaciones y particulares, con la consulta a la totalidad de las unidades ejecutoras que integran la Policía Nacional, que fueron las que dieron forma al proyecto que finalmente quedó consolidado por las autoridades del Ministerio del Interior.
Por un acto mágico, el Ministerio del Interior ha pasado a ser lo que no debió y, el gobierno, muy dócil, se ha plegado a la orientación que le imprimen sus cuadros.
¿Qué cuadros? Los jerarcas matrizados en la dictadura, muchos de los cuales fueron catapultados a las Jefaturas de Policía.
Los mismos, sobre lo que hace muy poco tiempo llevó a sostener a un senador, del grupo mayoritario en el gobierno, que los jefes de policía deberían ser designados según su adhesión a la línea del gobierno y no por una supuesta “profesionalidad”, identificada con un pasado de represión.
Ya he recordado, en nota anterior, el apotegma artiguista: es muy veleidosa la probidad de los hombres.
Para ello está el freno de la Constitución, la exigencia de su pleno y total acatamiento y la demanda que impere una política de principios, en el gobierno y en la oposición.
Levantar voces, serenas, firmes y sin banderías, es una tarea de la hora.
waltercelina1@hotmail.com
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