Escribe Walter Ernesto Celina
walter.celina@adinet.com.uy - 16.05.2012
La magistratura nacional tiene dos vertientes
diferenciadas, aunque funcionalmente concurrentes. La del Poder Judicial
(estructurado con una autonomía importante, aunque no plena) y la del
denominado Ministerio Público y Fiscal, dependiente del Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Educación y Cultura. La resultante son dos
magistraturas diferenciadas.
En noviembre de 2011 un ardoroso debate tuvo
lugar en el seno de la gremial de fiscales. Un sector -constituido por Mirtha
Guianze, Ana María Tellechea y Ricardo Perciballe- defendía el punto de vista
que el cargo de Fiscal de Corte -de culminación de la carrera- fuera ocupado
por un integrante del escalafón.
En el fondo, este grupo de técnicos se alzaba
contra la ingerencia del Poder Ejecutivo en el ámbito de su especialización
jurídica. Desde afuera, un criterio opuesto era alimentado por ministros de la Suprema Corte.
La carrera fiscal está regulada por el
decreto-ley 15.365 y normas modificativas. Cae de suyo que la antigüedad (que
no es vejez, sino experiencia) y la calificación, que dan la noción de “antigüedad calificada”, son los
componentes esenciales para que el Poder Ejecutivo designe al más competente.
Lo demás, es otro poco de lo mismo: selección de amigos, cubileteos políticos,
toma y daca o ampliación de la corruptela de los “cargos de particular confianza”. Efecto: descomposición de la “carrera administrativa”, consagrada por
la Constitución.
¿Quién habría de recibir el regalo?
La senadora Susana Dalmás (excomunista y
acompañante del grupo del vicepresidente Danilo Astori), anunciaba -el 28 de
marzo último- un acuerdo amplio entre
los partidos políticos. Objeto: conceder la venia -pedida por el gobierno de José Mujica-
para nombrar Fiscal de Corte al Dr. Jorge Díaz, aún juez en el área del crimen
organizado.
Cabe preguntar: ¿Lo relevaban del Poder
Judicial porque acusaba fatiga funcional,
en mérito a la pesada tarea cumplida?
Tal vez. Aunque, por pura ironía histórica, este
argumento fue el que agraciado tuvo para sacar de su puesto, de un seco plumazo,
al Fiscal Penal Dr. Ricardo Perciballe. El funcionario nunca se quejó del
volumen de su trabajo, ni tampoco solicitó traslado; ni pase en comisión al Parlamento…, por ejemplo.
Las relaciones del ex juez con el fiscal, según
comentarios extendidos, no eran de plena concordancia. Este hecho tiñe, como
cosa espuria, la primera resolución adoptada por el novel jerarca.
Cae de suyo que una persona, juiciosa y justa, no
puede excusarse en una potestad discrecional para mover, por mero antojo o
capricho, a un funcionario de relevancia, cual si se tratara de una butaca que
se lleva de una sala a otra.
Hay otra gravísima evidencia. El senador del
Partido Nacional, Dr. Jorge Larrañaga, admitió que antes de su designación, el
Dr. Díaz habría anticipado que trasladaría al Dr. Perciballe.
Esto parece decir que el ex juez puso la cabeza,
del que sería su inmediato defenestrado, sobre una bandeja de plata en el
Senado. ¿Cuándo? Por coincidencia, al considerarse su complicada venia, que requería
los 3/5 de votos del Cuerpo.
Surge que para el desalojo de la función que
cumplía el Fiscal Perciballe no existió razón de mejor servicio que justificara el paso fallido del Fiscal General.
Es su acto anidan los gérmenes de la desviación
de poder. Más, mirado políticamente, es un manchón antidemocrático, gestado en
la cima del poder etático.
Según los medios, estos eran algunos pesados
legajos sobre los que el Fiscal Ricardo Perciballe estaba a punto de
dictaminar:
A.- Ex ministro Dr. Gonzalo Fernández (en mandato de
Tabaré Vázquez), por presunta concusión de interés público y privado
(derogación del Artº 76 de la Ley
2.230 - caso Peirano) y decreto de un seguro médico. B.- Casino Nogaró. C.-
Aduanas. D.- Ministerio del
Interior. E.- Narcotráfico.
Con menos soberbia, gobernantes y magistrados
deberían entender que sus desvíos no quedarán sin sanción en la opinión
pública.-
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