NI TANTO, NI TAN POCO

Escribe Walter Ernesto Celina

En doctrina, en un estado de derecho -como es Uruguay-, debería regir de modo pleno el principio de la separación de poderes, con las garantías inherentes a cada cuerpo, un régimen de contralor afinado y mecanismos de transparencia a la vista de la ciudadanía.
La Constitución, que nunca es un mecanismo acabado, ni acompasa los tiempos de la sociedad, ha concentrado una fuerza importante en el área del Poder Ejecutivo, ha rebajado potestades del Legislativo y ha hecho del Poder Judicial una estructura sin autonomía financiera, cuya cabeza -la Suprema Corte (SCJ)- se integra no sin pujas políticas. Las vestales lucen, muy a menudo, con sus ropas raídas y, en ocasiones, parecen mirar por debajo de las vendas que cubren sus ojos.

Al gobierno frenteamplista, que conduce el presidente Vázquez, se le ha alterado el humor por las sentencias que la SCJ emitió respecto a recursos de inconstitucionalidad presentados por núcleos de personas cuyas jubilaciones quedaron gravadas por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Si bien, como dice el Frente Amplio y su Ministro de Economía, un 80% de las pasividades están exentas de la quita, no es menos cierto que tales asignaciones son de tal insuficiencia que sería enterrar más en la ruina a sus titulares, si se les hicieran deducciones. ¡Tan alejadas están de los valores de la canasta básica!
El 20% que recibe la imposición son personas que aportaron por el ejercicio de labores de calificación media y superior, correspondiendo el resto a ex funcionarios de gobierno, incluidos ex presidentes, así como a militares, muchos de triste memoria. Esto, se entiende, es harina de otro costal.

Lo que se trata de ver, como lo han expuesto juristas destacados, pertenecientes a los diversos partidos es si, en puridad, es posible afectar los ingresos de los pasivos con impuestos como éste, o con otros que, como el denominado Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) (aplicado bajo gobiernos de los partidos tradicionales), podían ser menguados los ingresos de los trabajadores del ayer.

Cabe puntualizar que, si antes los frenteamplistas afirmaban -cuando estaban en la oposición-, que las asignaciones de la previsión social no podían ser objeto de imposición, ahora, que son mayoría absoluta gobernante, han entrado en abierta contradicción cuando sostienen lo que tiempo atrás declararon aborrecer. La negación era por partida doble: desde la óptica de la filosofía del derecho, como por la no pertinencia jurídica de aplicar gabelas a las jubilaciones.
Blancos y colorados, paradojalmente, vuelven sobre los pasos de cuando fueron gobierno y abogan, en contra, con variantes, de lo que en su momento impulsaran. Lavan sus pecados...

Por su parte, el Ministro Astori, adalid del impuesto, se ha demostrado generoso en las exoneraciones tributarias con los capitales extranjeros y cáustico con el Fiscal de Corte que, aunque catapultado al cargo por el Frente Amplio, dictaminó considerándolo inconstitucional con referencia a los pasivos.
Tal presión del ministro fue vista con desagrado en el foro, en virtud que el Fiscal de Corte es un funcionario eminentemente técnico y de alta responsabilidad. No inexpugnable a las críticas, pero a quien debe brindársele el trato debido, por sus atributos intelectuales y versación.

Cuando los primeros fallos adversos al gobierno estaban a punto de ser sentenciados por la SCJ, desde el oficialismo y la oposición menudearon críticas ácidas, cálculos y amenazas.
Al parecer, dentro de la Corporación, los períodos de estudio de los expedientes a cargo de los ministros, padecieron algunas alteraciones, generándose un retraso en las decisiones. Ello resultaría significativo pues, con el egreso de uno de sus integrantes -la magistrada Bossio-, la relación de 3 a 2, en varios pronunciamientos, podía revertirse o entrar en un impasse, hasta su efectiva sustitución por un nuevo ministro.

Agravando más la cuestión, antes de conocerse los fallos, desde la SCJ se filtró cómo emitirían sus votos los componentes del Cuerpo.
El ex presidente y actual senador Sanguinetti puso el dedo en el ventilador cuando requirió a la SCJ informes al respecto a cómo se habían cumplido los plazos de estudio de los recursos por los ministros. La Corporación se sintió molesta y respondió parcialmente, interpretando que se le interrogaba sobre materia una jurisdiccional, lo que, en general, se ha visto como una negativa al suministro de datos sobre una mera actividad administrativa. Sólo que implica a los más altos magistrados...

Pero la falencia de la Corte quedó, de algún modo, disipada. No subsanada.
¿Qué ocurriría? Desde el gobierno se puso a la SCJ bajo el alcance de tiros de cañón. Así, desde el partido del presidente, la saliente ministra Bossio fue acusada de presunta implicancia. Al retirarse accedería a su jubilación y, para un intérprete de ocasión, debería haberse excusado de fallar en los expedientes que declararon la inconstitucionalidad del IRRP sobre jubilaciones, que no la comprenden...
El senador Mujica, del sector mayoritario del Frente Amplio, pidió que los ministros judiciales no interfirieran con el poder político y las pragmáticas del gobierno. Blandió la amenaza de un juicio a integrantes de la Corte, desconociendo las bases en que este puede sustanciarse!
Es verdad: La vestal ha tenido sus tribulaciones y ha mostrado que la venda sobre sus ojos no siempre está firme. Tan nítido como eso es que se ha sentido embestida o atropellada. La Asociación de Magistrados, que agrupa a los jueces uruguayos, así lo ha declarado, como derivación de los sucesos.

Ni lo uno, ni lo otro está bien.
Ni tantos empujones, aquí o allá. Ni que nadie se sienta exento de la crítica, incluida la SCJ en cualquiera de sus ámbitos.
En cuanto al sistema político, sería mejor para todos que procediera con la debida coherencia. Tanto cuando se está en el llano y luego en el gobierno, o viceversa.

En cuanto a las jubilaciones, no es cuestión de banderías circunstanciales, ni de hacer cálculos de mezquinos electoralismos, sino de tener una actitud ética hacia los sectores que conformaron la palanca principal del trabajo nacional.
Los jubilados deberían ser los primeros en asegurar, por sus organizaciones representativas, la intangibilidad de las prestaciones ganadas con sus aportes.

Habrá que avanzar con más independencia en la toma de una conciencia política y gremial. Lo que importa es el interés público y el funcionamiento cristalino de las instituciones y no las maniobras de sus agentes.
A este fin he querido aportar las precedentes reflexiones.

waltercelina1@hotmail.com