El Sr. Domingo Ayarza ha tenido la amabilidad de entregarme la última edición de “Ciudades”, publicación que coordina como miembro de la Cámara Inmobiliara Uruguaya. Con una cuidada presentación, el número 32 registra actividades profesionales de la entidad y una selección de visiones referentes a este sector del mercado.
Deseo detenerme, brevemente, en el aporte que realiza Juan Francia Rava. Bajo el título “Asentamientos e inversiones en Soriano” alude a expresiones de un legislador oficialista local y a las del intendente, en punto al lacerante tema de los conglomerados habitacionales precarios.
¿Su erradicación, más allá de la entrega de unidades cumplida, cuánto tiene de transitoria y cuánto de definitiva?
Ambos políticos han recordado el volumen de los recursos aplicados para subsanar la cuestión de los sin techo.
El autor de la nota apunta a preguntar si la ciudad ofrece la funcionalidad suficiente para que el aludido paisaje de carencias amontonadas no se continúe reproduciendo.
Se sorprende de la “liviandad” con que se ha encarado el ordenamiento territorial departamental por parte de los actores que deben llevar adelante los estudios de la materia, comprendidos el titular del ejecutivo municipal, los ediles y, por su carácter de referente político, el diputado que porta el atributo de enlace gubernamental.
Sostiene Francia Rava que, si a la sazón, si no se logra una mayor extensión del área urbana, “los grandes perjudicados serán, en primera instancia, los ciudadanos de menores recursos económicos”. Relaciona la mejor distribución de los emprendimientos inmobiliarios con la necesidad de acceso a viviendas decorosas -en la ciudad- para evitar nuevas precarizaciones habitacionales. En un pasaje recuerda el impulso que cobraron a nivel mundial, desde los años 70, las políticas desrregulatorias, con fines privatistas. Y evidencia, así, el peligro del retorno a un nuevo “laissez faire, laissez passer” (dejad hacer, dejad pasar), en que las funciones tuitivas del Estado se esfumen para el super acomodamiento de los menos.
Anota -a título de prevención- sobre los numerosos llamados explícitos a capitales externos y la repercusión con que impactan en los negocios inmobiliarios, incidiendo e incrementando la metamorfosis o transformación de las ciudades (Colonia, Fray Bentos, Punta del Este).
Estas y otras consideraciones del articulista abren un campo apto para reflexionar.
Agregaría algo más. Los ciudadanos -es decir, los miembros de las ciudades- tienen no sólo el derecho sino, también, la obligación de participar. Ser sujetos pasivos en el pago de los impuestos equivale a renunciar a un poder de alta gravitación.
En Soriano y fuera de este departamento el ordenamiento territorial y la conducción de las ciudades debe contar con el ojo escrutador y exigente de los miembros de la comunidad. Las ciudades podrán ser más disfrutables cuanto más intenso sea el involucramiento personal, con sana pasión, en su defensa y progreso.
La ciudad es, en esencia, un bien colectivo. Requiere imprescindibles y claras regulaciones democráticas. Cada ciudad es un ámbito apto para vivir armoniosamente; sin tener que soportar abusos.
Es justa la exigencia de un ordenamiento territorial racionalizado. Ciudad no es sinónimo de selva o lugar apto para el dominio de los más fuertes.
Es plausible que la Cámara Inmobiliaria Uruguaya abra su órgano de divulgación y enriquezca los debates con la contribución de sus colaboradores y especialistas.-
