Cuando desde filas gubernamentales, en administraciones anteriores -coloradas, nacionalista y frenteamplista-, así como en la actual, se ha proclamado que uno de los factores de retraso para una reforma del Estado está dado por la existencia de una norma que establece el principio de la inamovilidad para el personal presupuestado, se falsea el planteo de la cuestión.
Si lo inamovible es lo que, por definición, no se mueve, no es en el caso del empleado público.
La inamovilidad funcional está regulada, con precisión, nada menos que por la Carta Magna.
En el derecho público uruguayo, tanto en su origen como en su desarrollo, la norma de referencia -y las que con ella armonizan y deben interpretarse como una unidad coherente-, el personal estatal está puesto a cubierto de cualquier acto de represalia del gobierno de turno, como de las jerarquías que atienden la gestión de los servicios.
Es un principio inherente al Estado de Derecho que los empleados -públicos y privados- no sean objeto de represalias políticas, sindicales o de otros abusos, que entorpezcan el ejercicio de su labor o la estabilidad del empleo.
¿O estamos tan flacos de memoria que ahora pensamos que es mejor deslizar el derecho administrativo hacia la ruptura del debido proceso?
Si esto fuera así, estaríamos imitando, irremediablemente, a quienes tanto cuestionamos -y con razones- cuando aplicaban las absurdas Actas Institucionales y que, con sus index en las oficinas de personal, arrojaban a la calle a los trabajadores, con parodias argumentales.
Procede manifestar esto sin eufemismos porque el empleado inamovible no es un ladrillo afirmado con cemento a la roca madre. Al emitir estas opiniones, recuerdo el precepto constitucional que previene que el funcionario está para la función -y no esta para él-, así como que puede ser destituido en casos de ineptitud, omisión o delito.
La inhabilidad en el desempeño funcional, es la carencia de aptitud o de capacidad para el trabajo asignado. La omisión supone haber dejado de ejecutar una acción prevista o no haber realizado lo necesario o conveniente en el momento requerido. Los delitos están legislados en el Código Penal y otros textos especiales. Los procedimientos administrativos para configurar cualquier anormalidad están regulados.
Procede manifestar esto sin eufemismos porque el empleado inamovible no es un ladrillo afirmado con cemento a la roca madre. Al emitir estas opiniones, recuerdo el precepto constitucional que previene que el funcionario está para la función -y no esta para él-, así como que puede ser destituido en casos de ineptitud, omisión o delito.
La inhabilidad en el desempeño funcional, es la carencia de aptitud o de capacidad para el trabajo asignado. La omisión supone haber dejado de ejecutar una acción prevista o no haber realizado lo necesario o conveniente en el momento requerido. Los delitos están legislados en el Código Penal y otros textos especiales. Los procedimientos administrativos para configurar cualquier anormalidad están regulados.
Si los miembros han de moverse al dictado de la cabeza, como sentencia un dicho antiguo, esta es la que tiene la responsabilidad de las ineficiencias y ella es, asimismo, la que realiza las protecciones indebidas.
La presencia de ineptos, omisos o incursos en delitos tiene raíz en quienes designan mal y en quienes toleran
Desde luego, si en los gobiernos y en los altos cargos de la administración impera la improvisación, el amiguismo y el partidarismo, con reparto proporcional y sin exigencias técnicas y de probidad ciudadana -lo que tantas veces se ve en los ámbitos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Intendencias Municipales y muchos servicios autonómicos-, los resultados son previsibles.
La Reforma del Estado debe comenzar por una atenta selección de los equipos del gobierno, con la erradicación de la selección por amistad, parentesco, cuestiones estas atadas al campo del oportunismo y la corrupción.
Un gobernante ético debe predicar con el ejemplo.
¿Cómo se hizo antes? ¿Cómo lo han hecho los señores Vázquez y Mujica?
La presencia de ineptos, omisos o incursos en delitos tiene raíz en quienes designan mal y en quienes toleran
Desde luego, si en los gobiernos y en los altos cargos de la administración impera la improvisación, el amiguismo y el partidarismo, con reparto proporcional y sin exigencias técnicas y de probidad ciudadana -lo que tantas veces se ve en los ámbitos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Intendencias Municipales y muchos servicios autonómicos-, los resultados son previsibles.
La Reforma del Estado debe comenzar por una atenta selección de los equipos del gobierno, con la erradicación de la selección por amistad, parentesco, cuestiones estas atadas al campo del oportunismo y la corrupción.
Un gobernante ético debe predicar con el ejemplo.
¿Cómo se hizo antes? ¿Cómo lo han hecho los señores Vázquez y Mujica?
La madre de todas las reformas -con la que se amenazó hace un tiempo- la ha heredado el nuevo presidente y, otra vez, se vuelve a lo mismo.
Desean abatir la inamovilidad, más no precisan cómo. No brindan un argumento consistente y sólo podrían hacerlo mediante una única forma lícita: una reforma constitucional.
Lo otro sería aprobar normas inconstitucionales, que una Justicia bien plantada tendría que abatir.
Desean abatir la inamovilidad, más no precisan cómo. No brindan un argumento consistente y sólo podrían hacerlo mediante una única forma lícita: una reforma constitucional.
Lo otro sería aprobar normas inconstitucionales, que una Justicia bien plantada tendría que abatir.
Nunca se vio que para discutir un tema de funcionarios públicos un Consejo de Ministros cambiara, sobre la marcha, su sitio de reunión. El elenco presidencial acaba de inaugurar este risueño jueguito de andar deliberando a las escondidas… Desde Suárez Chico corrieron hacia la Torre Ejecutiva. Y, con ademán cuasi-monárquico, concluyeron desplegando fuerzas de choque en Plaza Independencia.
Los mecanismos de la negociación colectiva, vigentes hasta ahora, han sido soslayados. No hay diálogo. Se lo evita. ¡Matan la ley que votaron!
Se trata de hechos inéditos en la historia de las movilizaciones de los trabajadores estatales. No son señales de avenimiento a un debate que permita conocer lo que quiere hacer el Poder Ejecutivo a propósito de la Ley Presupuestal, con sus programas quinquenales.
El Ejecutivo esconde su cabeza, dejando el cuerpo afuera. Como el avestruz.
Es una señal poco democrática y nada participativa.
Los mecanismos de la negociación colectiva, vigentes hasta ahora, han sido soslayados. No hay diálogo. Se lo evita. ¡Matan la ley que votaron!
Se trata de hechos inéditos en la historia de las movilizaciones de los trabajadores estatales. No son señales de avenimiento a un debate que permita conocer lo que quiere hacer el Poder Ejecutivo a propósito de la Ley Presupuestal, con sus programas quinquenales.
El Ejecutivo esconde su cabeza, dejando el cuerpo afuera. Como el avestruz.
Es una señal poco democrática y nada participativa.
Hay más elementos para aportar a esta discusión.
Reforzando esta última frase, me alcanzan la prensa diaria con algunos rubros de los tratados en el Gabinete Ministerial. Por hoy he agotado mi espacio, pero iré por más.
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