LOS TANTOS EN SU SITIO
Escribe Walter Ernesto Celina
26.02.2013
En la verdad o en el error
nunca fui un ciudadano pasivo. Desde mi más temprana juventud me afilié a los
ideales de justicia y me ceñí en todos los ámbitos en que actué a una
militancia democrática y de izquierda.
Padecí la dictadura
cívico-militar que, ya desde antes de 1973, fue ensombreciendo el país. Actué
contra ella en todo cuanto pude y soporté el rigor de no emigrar, lo que para
muchos fue un salto al vacío.
No he olvidado a compañeros y
amigos torturados y/o desaparecidos, luchadores honestos y, por tanto, buenas
personas. En alguna medida los familiares que aún buscan a sus muertos
queridos, son irrenunciable parte mía.
Por imperio de una ética
humanista y solidaria y de una concepción tan artiguista como
internacionalista, me importó siempre apresurar la justicia entre los hombres.
Por tal razón, en todo momento entendí que no existe más alternativa que obrar
con tesón y escrupulosidad para que el castigo legal recaiga sobre quienes
llevaron adelante actos sistemáticos de terrorismo de estado. ¡Son los mismos
que hasta hoy, con crueldad, esconden los cadáveres de sus víctimas!
Advierto que cada una de las decisiones
de quien fuera escogido por la ciudadanía para ejercer la rectoría del Poder
Ejecutivo están bajo la lupa y son objeto de cuestionamientos cotidianos. Es
normal que se le critique o se le aplauda.
Asimismo, el Parlamento
resultante de elecciones libres, cae bajo las miradas de tirios y troyanos. A
nadie le `parece irregular que juristas, polítólogos y comentaristas de sus actos,
digan del cuerpo legislativo lo que les place.
Es que el ejercicio de la
crítica es consustancial al estado de derecho y a una noción plena de
democracia política. Es la que impera, felizmente en el Uruguay tras la
dictadura, con gobiernos de distintos signos.
¿Hay que poner los ojos en blanco y rasgarse
las vestiduras cuando se critican públicamente sentencias y actos del Poder
Judicial?
No existe ninguna razón para
que los magistrados estén exentos del juicio de los habitantes del país, de los
partidos políticos u otras entidades. La Constitución Nacional no consagra vestales sagradas.
Es obvio que la crítica va en
procura de una enmienda y, como tal, “presiona” en ese sentido. Está en la tapa
del manual.
¡Y nada de rubores! La
Suprema Corte de Justicia (antes era tan solo “Alta”) no es electa por voto
popular. Sus miembros son designados por “acuerdos políticos”, entretejidos por
quienes recibieron el apoyo del electorado para estar donde están.
Siendo de este modo y no de
otro, la “independencia” del Poder Judicial es muy relativa, aunque los
designados deban poseer determinados atributos técnicos.
Por eso hay que ir separando
los tantos. Es mucha la hojarasca que mueve el viento politiquero. El escenario
real debe ser preservado.
Los gobiernos colorados y del
nacionalismo mantuvieron la “ley de impunidad”. El del Frente Amplio jugó bien
sólo algunas cartas y con las restantes desbarró.
1.- La recolección de firmas
para derogar la “ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado”
concluyó -a duras penas- meses antes de las elecciones últimas. Puede
recordarse el acto simbólico de firma de José Mujica, asistiendo a la sede del
PIT-CNT. 2.- Como sucedió con el plebiscito para consagrar el “voto epistolar”,
para derogar la malhadada ley el Frente Amplio se mostró renuente en la
campaña, evitando confrontar con los partidos tradicionales, opuestos a las dos
iniciativas. Cuidaban los votos para ganar las elecciones… 3.- Esta
claudicación tuvo sus consecuencias. Lo acaba de manifestar el Cr. Pablo
Ferreri, Director de la DGI, quien aludiendo a la escasa movilización de 2009,
expresó que “lo único que
cabe es autocrítica por no haber militado lo suficiente para ganar el
plebiscito". 4.- En 2011 Mujica corrió al Parlamento y obtuvo el apoyo del
diputado Víctor Semproni para no votar la derogación de la ley, ya que “le
haría mal al Frente”… 5.- Ahora el MPP pasa de gran omiso a gran activo y, por
boca de la esposa del Presidente, senadora Lucía Topolansky, comunica que su
sector impulsaría -a través del Frente Amplio- el juicio político a la Suprema
Corte de Justicia. Una pretensión insostenible. Precisarían los 2/3 de votos
del Senado, que el progresismo no tiene, ni conseguiría.
Endeble y resignando banderas, el Frente
Amplio cosecha lo que sembró: descrédito.
La Suprema Corte de Justicia no sólo no
mostró transparencia al trasladar -sin expresión de causa- a la jueza
criminalista Dra. Mariana Mota sino que, con su decisión de revivir la “ley de
impunidad”, infirió a la causa de la justicia un retroceso que solo contentará
a los gorilas y a quienes les dieron vida.
Habrá que seguir repitiendo que, aquí y
en el mundo, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.
